Del embargo al desahucio de la noticia

¿Cuándo soltamos la pieza? ¿Cuál es el momento ideal para cascar el asunto? ¿Debo cotejarlo todo y con todos, o, como me dice el manual, con dos me sirve; o con uno, si es de fiar u oficial, me vale?

Como principio general, entiendo, la primera obligación de un periodista con su eventual fuente sería el embargo; el embargo de cuanto me dice, ni siquiera la sospecha de que lo que me dice es, o puede ser, falso, intencionado o interesado.

El embargo me protege como periodista y, de algún modo, me obliga a hacer el esfuerzo de contrastar ese mensaje. Claro está, descartamos aquellas fuentes, que llamamos comunes, tan oficiales como lo puede ser el parte de Emergencias 112 sobre un accidente de circulación en la M-40, y, aún en este caso, teniendo presente que un primer informe que nos llega a la redacción puede estar incompleto o, sencillamente, inexacto.

Tan inexacto como aquel caso del hallazgo del cadáver de una mujer en la portería de un edificio en Madrid que se consideró en un principio un supuesto caso de malos tratos, y cuya edad se estimó en torno a los 35 años, cuando, al día siguiente, la misma fuente informativa -antes mencionada- aclaró que se trataba de una mujer de unos 80 años y que el crimen tenía como origen el robo. ¿Quién diantres calculó tan mal a ojo la edad de la víctima, con casi 50 años de diferencia?

Retomo el hilo de lo oficial, y del suceso en particular. Resulta a todas luces complicado embargar una información de este tipo, pues es la suma de dos factores que no podemos obviar alegremente: la urgencia del hecho y la fuente, que nos merece suficiente confianza.

Salvo esas excepciones (y otras tantas igualmente justificadas), embargar el hecho dado por la fuente debiera ser la premisa esencial, aun cuando resulte farragoso acudir a una segunda fuente que acredite su veracidad. Diría más, aun cuando sea materialmente imposible una segunda fuente.

Aunque la corrección o sustitución es una herramienta más del ejercicio del periodismo, la cautela nos debe obligar a reducir al máximo su uso, aunque perdamos la oportunidad de no ser los primeros en difundir un hecho determinado. Probablemente, en ocasiones resulte más fructífero no ofrecer nada, aun bajo la presión de nuestra competencia, que hacerlo con la sensación de que no tenemos todas las piezas del puzle lo suficientemente encajadas. 

La figura del abogado del diablo que fija Bradlee resulta imprescindible en toda redacción. "Cuando se trate de algo realmente importante, busca a periodistas y redactores jefe que tengan sus reservas", apunta.

LOS AVIONES

Hace unos meses, largos ya, la redacción en la que trabajo debatió, y con vehemencia en algunos círculos, sobre el alcance de la difusión de una información que tuvo eco en todos los medios, a excepción del diario "El País". Esta es la hora que aún me queda claro del todo por qué tan sabrosa noticia no fue del interés del diario de referencia de la nación.

Se trataba de una información cuya fuente era pública, esto es, común a todos, pero no sólo a los medios, también al conjunto de los ciudadanos. En la web de Aena se puede (se podía) confirmar libremente el trayecto de los aviones cruzando el cielo del territorio español. Para quien no lo sepa, se trata de una iniciativa que en origen permitiría a los vecinos afectados por los ruidos de estas rutas aéreas disponer de pruebas sobre el mal uso que algunas compañías podían hacer de las rutas previamente establecidas para causar el mínimo de problemas posibles.

Estamos frente a un caso de fuente pública, al alcance de todos, pero transcurridos varios meses desde su puesta en funcionamiento, un periodista, colega mío, "descubre" (aun no siendo el verbo adecuado, pues es información libre) que también quedan registrados los vuelos de aviones oficiales: de miembros del Gobierno, de la Familia Real, militares, incluso militares de los Estados Unidos -principal desencadenante de lo ocurrido a posteriori.

Se cumplieron los trámites, esto es, se llamó a fuentes diversas: pilotos, Moncloa, Ministerio de Defensa, Embajada de Estados Unidos, Familia Real... y, por supuesto, a Aena, que desistió de responder, aun disponiendo de tres días antes de que fuera publicado que la trayectoria de los vuelos de los Reyes, por ejemplo, podían conocerse con sólo quince minutos de demora respecto al tiempo real. La información se acompañaba de expertos que señalaban el riesgo que ello suponía de atentados.

Hay que decir que este tipo de información pública lo es también en otros países, pero con una demora superior, de una hora como mínimo (no sé si la situación a día de hoy ha cambiado, ciertamente). En España, la cuestión que debatían los periodistas era si resultaba convincente la postura de Aena de que quince minutos eran suficientes para garantizar la seguridad. A ello se añadía un problema: se podía conocer también si el presidente del Gobierno había viajado a una zona en guerra para visitar las tropas españolas, viajes que se mantienen en riguroso secreto por seguridad.

El debate en la redacción partía de la premisa de la siguiente pregunta: ¿Era útil para los ciudadanos conocer esta información? O, mejor planteado: ¿Era interesante que la opinión pública conociera el detalle de una fuente pública en la que quizá no había reparado? 

Y más preguntas: ¿Acaso el medio no estaba invitando a terceros a hacer un mal uso de esa información pública -atentados, etc.? Por ello, ¿no se estaba comportando el medio irresponsablemente? ¿Debía el medio, por haber "visto" lo que otros no habían visto en esa misma fuente pública, limitarse a advertir a Aena del hecho y comportarse como si se tratara de una cuestión de Estado, no buscando su propio prestigio como medio al difundir una información que, sin duda, apuntaba a tener el eco que tuvo?

Aena difundió su primer comunicado a todos los medios el mismo día de la difusión de la noticia, subrayando que quince minutos era, desde el punto de vista de la seguridad, tiempo suficiente. Un segundo teletipo informando de que también se conocían los vuelos militares estadounidenses bastó para que al día siguiente Aena determinara la supresión pública de la información de todos los vuelos militares o del Gobierno en dicha web. ¿Ganó la empresa en la que trabajo la batalla e hizo un favor a la Administración? ¿Faltó a la ética y puso en riesgo a la Administración? ¿La Administración reaccionó tarde?

El diario "El País" fue el único medio que no se hizo eco de la información. Podemos imaginar por qué, o no; en realidad no lo sabemos, no lo podremos saber.

Puede discutirse, como se hizo en su propio seno, la revelación de un dato "curiosamente" público. Pero, si la redacción en la que trabajo hizo algo bien, del todo bien, fue, primero, llamar a las partes implicadas, y segundo embargar (origen de mi comentario) la información; esto es, dejarla reposar hasta su difusión, darle tiempo para madurar y darse tiempo la propia empresa informativa para reflexionar sobre ella, y rectificar si se hubiera dado el caso.  

Carlos Soria, en ‘La hora de la ética informativa’ (Ed. Mitre) dice que "el bien es susceptible de propagarse libremente",  y que "el mensaje de hechos cumple una función cognoscitiva: dar a conocer algo”. “Su finalidad", añade, "es el conocimiento de la realidad (...) para que el receptor pueda tomar decisiones prudenciales". Aena sigue manteniendo que quince minutos es suficiente, pero tomó una decisión, que aún no ha explicado.