¿Cuándo soltamos la pieza? ¿Cuál es el momento ideal para
cascar el asunto? ¿Debo cotejarlo todo y con todos, o, como me dice el manual,
con dos me sirve; o con uno, si es de fiar u oficial, me vale?
Como principio general, entiendo, la primera obligación de
un periodista con su eventual fuente sería el embargo; el embargo de cuanto me
dice, ni siquiera la sospecha de que lo que me dice es, o puede ser, falso,
intencionado o interesado.
El embargo me protege como periodista y, de algún modo, me
obliga a hacer el esfuerzo de contrastar ese mensaje. Claro está, descartamos
aquellas fuentes, que llamamos comunes, tan oficiales como lo puede ser el
parte de Emergencias 112 sobre un accidente de circulación en la M-40, y, aún
en este caso, teniendo presente que un primer informe que nos llega a la
redacción puede estar incompleto o, sencillamente, inexacto.
Tan inexacto como aquel caso del hallazgo del cadáver de una
mujer en la portería de un edificio en Madrid que se consideró en un principio
un supuesto caso de malos tratos, y cuya edad se estimó en torno a los 35 años,
cuando, al día siguiente, la misma fuente informativa -antes mencionada- aclaró
que se trataba de una mujer de unos 80 años y que el crimen tenía como origen
el robo. ¿Quién diantres calculó tan mal a ojo la edad de la víctima, con casi
50 años de diferencia?
Retomo el hilo de lo oficial, y del suceso en particular. Resulta
a todas luces complicado embargar una información de este tipo, pues es la suma
de dos factores que no podemos obviar alegremente: la urgencia del hecho y la
fuente, que nos merece suficiente confianza.
Salvo esas excepciones (y otras tantas igualmente
justificadas), embargar el hecho dado por la fuente debiera ser la premisa
esencial, aun cuando resulte farragoso acudir a una segunda fuente que acredite
su veracidad. Diría más, aun cuando sea materialmente imposible una segunda
fuente.
Aunque la corrección o sustitución es una herramienta más
del ejercicio del periodismo, la cautela nos debe obligar a reducir al máximo
su uso, aunque perdamos la oportunidad de no ser los primeros en difundir un
hecho determinado. Probablemente, en ocasiones resulte más fructífero no
ofrecer nada, aun bajo la presión de nuestra competencia, que hacerlo con la
sensación de que no tenemos todas las piezas del puzle lo suficientemente
encajadas.
La figura del abogado del diablo que fija Bradlee resulta
imprescindible en toda redacción. "Cuando se trate de algo realmente
importante, busca a periodistas y redactores jefe que tengan sus
reservas", apunta.
LOS AVIONES
Hace unos meses, largos ya, la redacción en la que trabajo debatió,
y con vehemencia en algunos círculos, sobre el alcance de la difusión de una
información que tuvo eco en todos los medios, a excepción del diario "El
País". Esta es la hora que aún me queda claro del todo por qué tan sabrosa
noticia no fue del interés del diario de referencia de la nación.
Se trataba de una información cuya fuente era pública, esto
es, común a todos, pero no sólo a los medios, también al conjunto de los
ciudadanos. En la web de Aena se puede (se podía) confirmar libremente el
trayecto de los aviones cruzando el cielo del territorio español. Para quien no
lo sepa, se trata de una iniciativa que en origen permitiría a los vecinos
afectados por los ruidos de estas rutas aéreas disponer de pruebas sobre el mal
uso que algunas compañías podían hacer de las rutas previamente establecidas
para causar el mínimo de problemas posibles.
Estamos frente a un caso de fuente pública, al alcance de
todos, pero transcurridos varios meses desde su puesta en funcionamiento, un
periodista, colega mío, "descubre" (aun no siendo el verbo adecuado,
pues es información libre) que también quedan registrados los vuelos de aviones
oficiales: de miembros del Gobierno, de la Familia Real, militares, incluso
militares de los Estados Unidos -principal desencadenante de lo ocurrido a
posteriori.
Se cumplieron los trámites, esto es, se llamó a fuentes
diversas: pilotos, Moncloa, Ministerio de Defensa, Embajada de Estados Unidos,
Familia Real... y, por supuesto, a Aena, que desistió de responder, aun
disponiendo de tres días antes de que fuera publicado que la trayectoria de los
vuelos de los Reyes, por ejemplo, podían conocerse con sólo quince minutos de
demora respecto al tiempo real. La información se acompañaba de expertos que
señalaban el riesgo que ello suponía de atentados.
Hay que decir que este tipo de información pública lo es
también en otros países, pero con una demora superior, de una hora como mínimo
(no sé si la situación a día de hoy ha cambiado, ciertamente). En España, la
cuestión que debatían los periodistas era si resultaba convincente la postura
de Aena de que quince minutos eran suficientes para garantizar la seguridad. A
ello se añadía un problema: se podía conocer también si el presidente del
Gobierno había viajado a una zona en guerra para visitar las tropas españolas,
viajes que se mantienen en riguroso secreto por seguridad.
El debate en la redacción partía de la premisa de la
siguiente pregunta: ¿Era útil para los ciudadanos conocer esta información? O,
mejor planteado: ¿Era interesante que la opinión pública conociera el detalle
de una fuente pública en la que quizá no había reparado?
Y más preguntas:
¿Acaso el medio no estaba invitando a terceros a hacer un mal uso de esa
información pública -atentados, etc.? Por ello, ¿no se estaba comportando el
medio irresponsablemente? ¿Debía el medio, por haber "visto" lo que
otros no habían visto en esa misma fuente pública, limitarse a advertir a Aena
del hecho y comportarse como si se tratara de una cuestión de Estado, no
buscando su propio prestigio como medio al difundir una información que, sin
duda, apuntaba a tener el eco que tuvo?
Aena difundió su primer comunicado a todos los medios el
mismo día de la difusión de la noticia, subrayando que quince minutos era,
desde el punto de vista de la seguridad, tiempo suficiente. Un segundo teletipo
informando de que también se conocían los vuelos militares estadounidenses
bastó para que al día siguiente Aena determinara la supresión pública de la
información de todos los vuelos militares o del Gobierno en dicha web. ¿Ganó la
empresa en la que trabajo la batalla e hizo un favor a la Administración?
¿Faltó a la ética y puso en riesgo a la Administración? ¿La Administración
reaccionó tarde?
El diario "El País" fue el único medio que no se
hizo eco de la información. Podemos imaginar por qué, o no; en realidad no lo
sabemos, no lo podremos saber.
Puede discutirse, como se hizo en su propio seno, la
revelación de un dato "curiosamente" público. Pero, si la redacción
en la que trabajo hizo algo bien, del todo bien, fue, primero, llamar a las
partes implicadas, y segundo embargar (origen de mi comentario) la información;
esto es, dejarla reposar hasta su difusión, darle tiempo para madurar y darse
tiempo la propia empresa informativa para reflexionar sobre ella, y rectificar
si se hubiera dado el caso.
Carlos Soria, en ‘La hora de la ética informativa’ (Ed.
Mitre) dice que "el bien es susceptible de propagarse
libremente", y que "el mensaje
de hechos cumple una función cognoscitiva: dar a conocer algo”. “Su finalidad",
añade, "es el conocimiento de la realidad (...) para que el receptor pueda
tomar decisiones prudenciales". Aena sigue manteniendo que quince minutos
es suficiente, pero tomó una decisión, que aún no ha explicado.